27 marzo 2006

QUIEREN UNA DEFENSORÍA PARA PRIVADOS DE LIBERTAD
Enviado el Miércoles 29 de Marzo de 2006 (7:00:00)

La Plata - La creación de la institución del Defensor para Privados de Libertad, fue ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense por la bancada radical. Entre otras cosas buscan que los reclusos tengan un organismo que resguarde y proteja sus derechos, "velando por una adecuada implementación de los mecanismos de reinserción que ayudan a que el detenido internalice la conducta que deberá seguir una vez que recupere la libertad".

La iniciativa fue trabajada por el diputado Julio Alfonsín, y se presentó en la tarde del martes en la Legislatura, con el respaldo del presidente del radicalismo provincial Carlos Gorosito, el titular de la bancada de diputados, Jaime Linares, y el Procurador Penitenciario Federal, Francisco Mugnolo.

En la iniciativa parlamentaria, sostienen, entre otros puntos de su articulado, que "será el objetivo fundamental de esta institución proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Provincial y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales, así como los de todas las personas que se encuentren privadas de libertad".

La elección será a través de una Comisión Bicameral Permanente, quien seleccionará a los aspirantes al cargo. También, además de un titular, dicha comisión podrá nombrar hasta tres adjuntos.

El mandato del Defensor será de cinco años, y para ser elegido en el cargo deberá ser argentino nativo o por opción, con una antigüedad mínima de residencia continua y efectiva de cinco años; la edad mínima deberá ser de treinta años, ser abogado, y entre otras cosas, tener experiencia en temas de derechos humanos y en el ámbito del Derecho de Ejecución Penal.
Entre sus atribuciones, según expresa el proyecto, "podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado o familiar de este, hasta el cuarto grado de consanguinidad, cualquier investigación conducente al esclarecimiento y cese, en su caso, de actos, hechos u omisiones que afecten los derechos de los procesados y condenados sujetos al régimen penitenciario de la provincia de Buenos Aires".

También "podrá suscribir acuerdos de colaboración con la Procuración Penitenciaria Nacional u otros Organismos dedicados a la promoción y protección de los Derechos Humanos, o con órganos de los poderes judiciales de las distintas provincias, a efectos de brindar una adecuada protección de los derechos a los internos procesados y condenados por la justicia provincial alojados en cárceles nacionales o de otras provincias".

Los motivos

Según los fundamentos de la iniciativa, "pretende subsanar la ausencia de control y seguimiento de la situación de los internos comprendidos en el Régimen Penitenciario Provincial y de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales, así como los de todas las personas que se encuentren privadas de libertad, asumiendo que los mismos son sujetos de derecho".

"Frente a una concepción anacrónica que considera a las personas encarceladas como meros presos y a la privación de la libertad como un castigo que entraña sufrimientos adicionales que el condenado merece soportar, existe un punto de vista opuesto, según el cual la prisión es un castigo suficientemente severo en sí mismo, y las personas encarceladas siguen formando parte de la sociedad y conservan la mayoría de los derechos específicos no obstante su situación de presos" sostiene la iniciativa.

"Como sabemos actualmente las cárceles están lejos de cumplir con los requisitos mínimos de recuperación de los detenidos" dijo el diputado Alfonsín en tono crítico a la actual situación penitenciaria.