28 marzo 2006

Quieren crear un defensor de presos para evitar maltratos

Un proyecto de ley ingresado a la Legislatura bonaerense propone crear la figura del "defensor de los presos", cuya función será la de controlar un trato humanitario a los detenidos y procurar su reinserción social cuando salgan en libertad.

La iniciativa, elaborada por el diputado radical provincial Julio César Alfonsín, establece que el defensor "será la persona encargada de proteger los derechos de los presos, que velará por una adecuada implementación de los mecanismos de reinserción que ayuden a que los detenidos internalicen la conducta que deberán seguir cuando recuperen la libertad".

El defensor, en base al proyecto presentado, se encargará de visitar y recorrer los establecimientos penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires, lo que le permitirá analizar el funcionamiento de los penales.

También mantendrá entrevistas con los internos que así lo requieran.
Las actuaciones ante el defensor serán gratuitas y no se requerirá patrocinio letrado, precisa el proyecto de ley ingresado ayer en la Cámara baja provincial.

El defensor tendrá las facultades de solicitar expedientes, informes, auditorías y verificaciones para el esclarecimiento de las investigaciones.

También podrá requerir información y explicaciones a funcionarios, empleados de organismos, entes y particulares para la resolución de los hechos investigados.

Además, formulará denuncias penales de las investigaciones que así lo ameriten y propondrá las actuaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades de los funcionarios que obren en perjuicio de los derechos de los internos.

La iniciativa contempla que en su rol de defensa podrá sugerir reformas de las normas para un mejor régimen penitenciario y difundir entre los internos los derechos que les asisten.

"La figura del Defensor de los privados de libertad para la provincia de Buenos Aires tiene su fundamento en el Procurador Penitenciario Federal, que actúa dentro del ámbito del Poder Legislativo de la Nación y controla la situación de las cárceles federales argentinas", afirmó Alfonsín.

Según los últimos informes elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el 80 por ciento de los 24.890 presos en cárceles de la provincia no tiene condena firme; en tanto en las comisarías permanecen detenidos otros 3.000 presos, todos sin sentencia.

"El problema del hacinamiento y deterioro de la infraestructura carcelaria se traduce en humillación para los detenidos, que dificulta el control y genera una intranquilidad que suele producir actos de violencia" afirmó el diputado.

Con este fin, el legislador propone "humanizar el trato en los penales y se debe garantizar la integridad de los internos controlando su funcionamiento para lograr una adecuada reinserción social". (Télam)