Para diputado, la intervención del Servicio Penitenciario “fracasó”, porque sistema carcelario sigue “militarizado”

El diputado provincial del radicalismo, Julio César Alfonsín, aseguró que la “intervención” y posterior “normalización” del Servicio Penitenciario Bonaerense dispuestas por el gobernador Felipe Solá, fue “un fracaso”, ya que “no hubo reformas de fondo en el sistema carcelario, que sigue violando todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y persiste en su militarización”.

El legislador opositor explicó que “el plazo de intervención y de normalización sólo tocó cuestiones administrativas, porque no hubo modificaciones legales de fondo y el sistema penitenciario provincial sigue teniendo una ejecución militarizada de las penas, que está lejos del carácter humanizante necesario para que los condenados puedan reinsertarse en la sociedad, y fomenta la conflictividad”.

En declaraciones al programa “Mañana libre”, que se emite de 7 a 9 por FM Universidad de La Plata, Alfonsín denunció que el sistema carcelario provincial es “violatorio de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, y recordó los “recientes casos de tortura con picana eléctrica a internos, comprobados por investigaciones de la Comisión de la Memoria, lo cual demuestra las prácticas vigentes”.

Al respecto, precisó que “hoy la Provincia tiene 17.000 cupos carcelarios, pero hay más de 30.000 personas detenidas, lo cual genera hacinamiento y una situación de conflicto permanente en las cárceles, como la ocurrida lamentablemente en el penal de Magdalena en el año pasado, donde murieron 34 internos tras un confuso episodio que derivó en un incendio”.

El dirigente radical señaló como agravante de esta situación el hecho de que “5.000 de los 30.000 privados de la libertad están comisarías bonaerenses, contrariando las disposiciones vigentes y excediendo ampliamente también la capacidad de las seccionales, cuyos agentes afrontar frecuentemente motines o principios de fuga”.

Justamente para velar por el cumplimiento de las garantías en materia de derechos humanos para los presos, Alfonsín presentó un proyecto de ley por el cual se crea la figura del Defensor de los Privados de la Libertad.

El Defensor tendrá independencia funcional respecto del Poder Ejecutivo provincial, con la misión de controlar e inspeccionar las unidades penitenciarias y la situación en que se encuentran alojados los detenidos, instando al Estado a cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos para la reinserción social de quienes cometieron un delito.

El funcionario tendrá las facultades de solicitar expedientes, informes, auditorías y verificaciones para el esclarecimiento de las investigaciones. Podrá requerir información y explicaciones a funcionarios, empleados de organismos, entes y particulares para la resolución de los hechos investigados.

Además, Alfonsín precisó a radio Universidad de La Plata que el Defensor de los Privados de la Libertad podrá “ser querellante del Estado provincial ante los organismos judiciales competentes, cuando no se reparen las situaciones violatorias de los derechos humanos en las cárceles bonaerenses”.

Link: Agencia Infosigma