DERECHOS DE LOS PRESOS

IMPULSAN LA CREACIÓN DEL “DEFENSOR DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD”

LA PLATA, (DIB).- El diputado provincial radical Julio Alfonsín impulsa desde la Legislatura bonaerense la creación de "el Defensor de los privados de la libertad” una figura que tendrá como fin proteger los derechos de los presos y ayudará a los internos a preparar su vuelta a la libertad. Las deficientes condiciones carcelarias inducieron la propuesta en pos de mejores condiciones para los reclusos. "El problema del hacinamiento y deterioro de la infraestructura carcelaria, se traduce en humillación para los detenidos, que dificulta el control y genera una intranquilidad que suele producir actos de violencia", afirmó Alfonsín. "Por esto mismo debemos humanizar el trato en los penales y debemos garantizar la integridad de los internos controlando su funcionamiento para lograr una adecuada reinserción social", finalizó.

Según consignó el legislador, el Defensor será el "encargado de proteger los derechos de los presos, que velará por una adecuada implementación de los mecanismos de reinserción que ayuden a que los detenidos internalicen la conducta que deberán seguir cuando recuperen la libertad".

A su vez, Alfonsín, explicó que "el trabajo del Defensor será el de visitar y recorrer periódicamente los establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. En estas visitas analizará el funcionamiento de los penales y se entrevistará con los internos que así lo requieran”.

Quienes necesiten requerir la participación del Defensor contarán con la ventaja de que sus actuaciones serán gratuitas y no se requerirá patrocinio letrado. Por otra parte, tendrá las facultades de solicitar expedientes, informes, auditorías y verificaciones para el esclarecimiento de las investigaciones. Podrá requerir información y explicaciones a funcionarios, empleados de organismos, entes y particulares para la resolución de los hechos investigados.

En otro orden, formulará denuncias penales de las investigaciones que así lo ameriten y propondrá las actuaciones necesarias para esclarecer las responsabilidades de los funcionarios que obren en perjuicio de los derechos de los internos. En ese sentido, podrá sugerir reformas de las normas para un mejor régimen penitenciario y difundirá entre los internos los derechos que les asisten. (DIB) ES



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